CAP, en su plan por rescatar la “soberanía nacional” puso
también sobre el tapete la nacionalización del hierro, pero previamente
hizo acuerdos con la “Orinoco Minning” y la “Iron Mines”,
para que las casas matrices de USA (la U.S. Steel y la Beltlhem Steel) continuasen
sin problemas durante diez años más dueñas de este mineral.
Entre
los que redactaron la Ley petrolera de Nacionalización estuvieron
los Ministros de Mina, Hacienda, Fomento y de Planificación, doctores
Arturo Hernández Grisanti, Héctor Hurtado, Carmelo Lauría
y Gumersindo Rodríguez.
En
el caso del petróleo, Gustavo Cisneros y Henry Kissinger
(como representantes de la Exxon de hoy) se pusieron de acuerdo para
asesorar al gobierno e incluyera en la Ley la posibilidad de establecer
empresas mixtas para la explotación de hidrocarburos.
El
documento original elaborado por la Comisión, apareció reformado
por CAP, quien sin consultar a nadie modificó el artículo
5 del proyecto, para que de este modo quedara admitida la posibilidad
de que compañías mixtas (empresas trasnacionales) siguiesen
participando en el negocio petrolero tal cual como lo venían
haciendo en el pasado. Esta modificación produjo un contundente
rechazo de Juan Pablo Pérez Alfonso quien la consideró indigna
de un país soberano.
Después vino el debate de la opinión pública,
en la que Gonzalo Barrios, presidente de AD, y Rómulo Betancourt
tomaron la decisión de defender a CAP, en su decisión
de modificar el artículo 5. Dice Sanín en su libro “Gracias
a ti”[1]: “Todo ese cúmulo de circunstancias se
reflejó el día de la promulgación de la Ley
en el Palacio de Miraflores, donde no hubo júbilo, ni emoción,
ni aplausos, sino una ceremonia fría y burocrática
con la presencia de los puros adecos y de perezjimenistas oportunistas.
Ese 29 de agostos de 1975, día del “Ejecútese”,
fue un hito más en el camino de las traiciones a la soberanía
y al pueblo. El epitafio podría ser esta frase de un editorial
del periódico The New York Times el 2 de Septiembre de 1975: “El
gobierno de Caracas se mostró prudente en la elaboración
de una legislación que permite, por contraste a las compañías
extranjeras seguir actuando en Venezuela”.
Claro,
CAP podía inventar todo lo que quisiera, y Betancourt
jamás lo criticaría públicamente, porque estaba
sobreentendido que el Presidente Pérez estaba gobernando en
un todo de acuerdo con Fedecámaras. Esta organización
empresarial estaba entonces bajo el mando del doctor Alfredo Paúl
Delfino. El presidente de Fedecámaras no se cansaba de repetir: “Respaldamos
totalmente al Presidente de la República. Formaremos todos
los Venezolanos un solo bloque para apoyarlo”.
Basta
un solo hecho para definir la calidad de la nacionalización
que se estaba llevando a cabo: los empresarios se sentían
tan eufóricos con la política económica del
gobierno que organizaron caravanas para apoyar a CAP, incluso se
pusieron de acuerdo para hacerle un gran recibimiento cuando en uno
de esos tantos viajes del Presidente al exterior, acudieron con gran
alborozo a recibirlo a Maiquetía. Es decir, a CAP no se le
ocurría pedir a su partido que organizara al pueblo para un
recibimiento en vísperas de la promulgación de una
ley tan importante, sino que todos sus contactos y acuerdos se hacían única
y exclusivamente con la poderosa central empresarial.
Nadie
en Fedecámaras se estaba planteando en aquella ocasión,
por ejemplo, una guerra a la pobreza, un plan de pleno empleo como
tampoco luchar contra el desabastecimiento, contra la especulación
y los privilegios groseros de la oligarquía. Millones de dólares
sin control alguno se les entregaban a los empresarios a través
de los fondos de Inversiones, los Bancos del Estado, la Corporación
de Fomento, la Corporación de la Mediana y Pequeña
Industria. Así respondía sabiamente CAP al apoyo de
los empresarios, por las presiones que estaba recibiendo del Departamento
de Estado.
En
aquellos días, era tal la confianza de Estados Unidos
en nuestro Gobierno, que a Betancourt le llegaron informes del Presidente
Gerard Ford, para que Venezuela asistiese a la conferencia de la
OPEP de septiembre de 1975, en Viena con el firme propósito
de intermediar para “apaciguar” a los principales Estados
miembros (Irán, Argelia, Irak, Libia y Gabón) y se
fijase un muy moderado aumento en el precio de barril de petróleo.
Refiere
Sanín en su libro[2]: “El 18 de septiembre
de 1975, llegó de Washington el Embajador Burelli Rivas como
emisario de Gerard Ford y Henry Kissinger con una carta fatídica.
El señor Pérez llamó en consulta al ex Presidente
Betancourt, al Canciller Escobar Salom, al ministro Valentín
Hernández y al Secretario Piñerúa Ordaz; y les
planteó en Miraflores la necesidad de “salvar la nacionalización
petrolera y los envíos de petróleo a los EE.UU.”,
con una posición conservadora, tímida y claudicante
en la conferencia de la OPEP, en cuyo seno Venezuela pasó a
ser el “very good fellow” del gobierno norteamericano,
con menoscabo de un liderazgo que habíamos tenido desde los
tiempos de Pérez Alfonso”.
Para
esa época se le entregaron informes a CAP que hablaban
de que un 70% de los venezolanos estaban desnutridos; que teníamos
un 23% de analfabetas; con un 42% de venezolanos por debajo del tercer
grado de primaria; donde el 5% de los ricos obtienen el 22% de los
ingresos, y con más de 620 mil desempleados. Con la aterradora
estadística de que el 72% de las viviendas del país
carecían de agua y de cloacas.
Ya
para entonces en la capital teníamos un millón
de marginados viviendo en los cerros. Que el número de niños
de la calle era de un millón ochocientos mil.
[1] Ediciones Vadell Hermanos, 1975.
[2] Ut supra.
José Sant
Roz,
profesor de matemáticas en la Universidad de Los Andes
(Venezuela), con un doctorado en Teoría Combinatoria.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.