A pesar de que el precio del petróleo ha estado sostenidamente en sus niveles más altos, se avizora que en el país está en ciernes una crisis fiscal.

Aunque no hay cifras oficiales confiables para sustentar esta aseveración, se puede inferir que el fisco se está quedando sin fondos por las muchas señales que ha estado dando el Gobierno.

Entre esas señales estarían: La creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras de alto impacto inflacionario, el cambio de condiciones de venta de PDVSA con la cual los compradores ahora deben pagar dentro de los ocho días siguientes a la fecha de salida de la mercancía, en lugar los 30 días después de recibida; los atrasos en los pagos a acreedores; así como las afirmaciones del mismo Chávez de que los fondos para las misiones están mermados.

Más recientemente, la Asamblea Nacional ha dado otro indicio de que el Gobierno está rasguñando en donde puede en busca de más recursos, con el anuncio de que se piensa crear un Impuesto a las “Ganancias Súbitas” que se aplicaría a la industria petrolera.

A diferencia del ITF - que es inflacionario pero “rendidor” generando más de Bs.F.2,0 millones por mes - un Impuesto a las Ganancias “Súbitas” rendiría muy poco ya que PDVSA es la que genera más de 90% de la renta petrolera y PDVSA es propiedad del Estado y es el Estado quien percibe el 100% de la utilidad por regalía, impuesto, dividendo y utilidad retenida. Es decir, un aumento del impuesto obligatoriamente sería compensado por una reducción del dividendo o de la utilidad retenida. Dicho de otra manera, lo único se haría con el nuevo tributo es pasar recursos de un bolsillo a otro bolsillo del mismo Estado.

Un impuesto a las “ganancias súbitas” sí afectaría a los socios minoritarios de PDVSA. Como ya es bien conocido, éstos ya soportan una de las cargas impositivas más altas del mundo, donde casi 90% de la utilidad bruta es consumida por regalías e impuestos.

Por tratarse de accionistas minoritarios, un impuesto a las ganancias súbitas tendría un rendimiento muy bajo, el cual tendría un altísimo costo en términos del daño a la credibilidad del país, a la confiabilidad de sus contratos y a la relevancia de sus leyes, que garanticen a los inversionistas extranjeros que no habrá cambios en las reglas de juego, al menos por diez años.

Además, ese tributo terminaría siendo arbitrario y discrecional. Para comenzar, habría que establecer un punto de partida para definir los parámetros que determinarían cuál es el nivel aceptable de ganancias. Y como se ha hecho costumbre, seguramente sería el Gobierno quien definiría esos parámetros unilateralmente.

Así, de imponerse este nuevo tributo, se generaría un nuevo desincentivo a la inversión, lo que alejaría del país al capital de las empresas en búsqueda de mejores y más seguros rumbos. Éste es un costo demasiado alto para el país, por cuanto lo condenaría a más subdesarrollo y pobreza.

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 28 de marzo del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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