Parece que se equivocaron quienes pensaban que Hugo Chávez salvó el pellejo con el cuádruple abrazo en Santo Domingo.

Ni el manifiesto de la Organización de Estados Americanos ni el acuerdo del Grupo de Río, tapan el hecho de que Venezuela y Ecuador han tolerado y amparado en su territorio, y presuntamente financiado, a los grupos narcoterroristas que acosan y violentan a un Estado soberano y democrático como es el de Colombia, y que han matado y secuestrado a miles de ciudadanos de todo el mundo.

Es más, ninguno de estos acuerdos podrá sellar o echar al olvido la explosiva información que han develado las laptops, pen drives, computadoras de bolsillo (PDA) y teléfonos celulares decomisados a Raúl Reyes y a Iván Ríos, dos de los terroristas caídos la semana pasada. Los más de 15.000 documentos encontrados -hasta ahora- que ya están en manos de la Interpol y del FBI, son una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento, y cuyas ondas destructoras afectarán no sólo a Hugo Chávez, sino al país y a sus conciudadanos.

Este lunes, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó sobre las investigaciones que están siguiendo para establecer si el patrocinio a organizaciones terroristas es causal para incluir a Venezuela en el “selecto grupo” de Estados Forajidos, que integran, por ahora, Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria e Irán.

De ingresar Venezuela a este pernicioso Club, las consecuencias serían mucho más graves para el país, que si Hugo Chávez hubiese sido denunciado por Álvaro Uribe en el Tribunal Penal Internacional (TPI). Un juicio abierto en el TPI habría tenido consecuencias penales y legales personales sólo para Chávez.

En cambio, si se le cataloga como Estado Forajido, Venezuela tendría que afrontar sanciones de toda índole, incluyendo entre ellas: a) Restricciones de ayuda económica por organismos multilaterales. b) Prohibición de compras de equipos militares, y de equipos de uso dual, tales como computadoras u otros de alta tecnología. c) Prohibiciones a las empresas extranjeras de hacer negocios en el país, incluyendo los negocios petroleros. Y d) congelamiento de los bienes y cuentas bancarias del Estado venezolano y de particulares en el exterior.
Esta situación se complicaría en grado extremo si la Unión Europea y otros países secundan a Estados Unidos en esta materia.

Chávez ha tirado unilateralmente hasta el límite de la cuerda de lo permitido en las relaciones con países y grupos reconocidos por los países del mundo como forajidos y terroristas. Lamentablemente, a la hora de rendir cuentas, los ciudadanos venezolanos pagarán junto con Chávez las consecuencias.

En resumen, el viernes en República Dominicana no fue el final feliz de una mala opereta, por el contrario fue el comienzo de una tragedia que amenaza con picar y extenderse.

 

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