Arnoldo
J. Gabaldon: Buscar
el sucesor
Pocos
días antes del referéndum para ratificar la
reforma
constitucional, el presidente Chávez declaró que si el
No ganaba había que
empezar a buscar su sucesor.
Esta
opinión, que ni él se la creía,
pues estaba convencido de su victoria
electoral, adquiere ahora un significado muy especial.
Mas, no vayamos a equivocar la verdadera trascendencia de su planteamiento.
Por supuesto que hay que empezar a buscar su sucesor, ya que éste
es un
mandato de la opinión publica que rechazó mayoritariamente,
el 02/12, la
reelección presidencial indefinida. Ésta será tarea
tanto del oficialismo
como de la oposición, pendiente para el 2009, cuando habrá oportunidad
de
convocar un referéndum revocatorio, o en último caso
para el 2012, cuando
debe concluir ineludiblemente su periodo presidencial.
Buscar
el sucesor significa desde ahora estudiar cómo vamos
a ponerle
término a la Asamblea Nacional, poder que ha perdido totalmente
su valor
político y moral. Ésta ha de ser una asignatura pendiente
para los que
estamos interesados en encarrilar la situación venezolana por
una senda
verdaderamente democrática. Ante este objetivo, la sustitución
de la AN
tiene carácter absolutamente prioritario. La revocatoria del
mandato de sus
integrantes el año próximo es un camino legal a la vuelta
de la esquina,
pero su renuncia masiva inducida por una intensa presión popular,
ahora,
podría ahorrarle al país caminos más tortuosos
de cambio.
Otro tanto puede decirse del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional
Electoral. El primero de estos poderes no tiene en el presente ninguna
credibilidad, por lo legal y políticamente sesgadas de sus sentencias.
En
cuanto al CNE, su actuación ha sido una vez más en los últimos
tiempos
parcializada y subalterna del Ejecutivo. Esto tampoco es aceptable
en una
democracia decente.
Pero buscar el sucesor debemos verlo como un proceso de mucho mayor
alcance
y complejidad que la mera identificación de un líder
carismático para
conducir el país. Lo que ha pasado en Venezuela a partir de
1998 ha sido
extremadamente grave. Se han vulnerado muy seriamente la institucionalidad,
el aparato productivo y el tejido social y se le ha ocasionado al país
un
profundo retroceso político, que sólo el tiempo dirá si
es reversible.
Cambiar
el presente estado de cosas por otro más auspicioso
para las
generaciones futuras exige en primer lugar bosquejar, aunque sea con
rasgos
gruesos, un modelo de democracia deseable para las mayorías
nacionales.
Sabemos que ese modelo ha de priorizar los aspectos sociales, ya que
lo que
se busca es progreso humano con mayor equidad y en definitiva la elevación
de la calidad de vida de los venezolanos. Posiblemente éste
ha sido el único
de los mensajes valederos que puede persistir de los actuales conductores
del país, pero que ha tratado de instrumentarse en una forma
engañosa y
chambona, buscando más perpetuarse en el poder por una vía
autoritaria que
la redención de los pobres.
Los otros aspectos del proceso mencionado son el fortalecimiento de
la
unidad de las fuerzas opositoras, de manera de poder lograr los apoyos
sociales indispensables para hacer más orgánicos y contundentes
sus
planteamientos, y, por supuesto, elevar el nivel organizacional de
los
partidos e instituciones de la sociedad civil para darles mayor eficiencia
en la consecución de sus objetivos.
Mientras tanto, no hay que darle tregua al contrincante, hay que mantener
una crítica pertinaz sobre su desempeño económico,
la inflación, el
desabastecimiento, la inseguridad y la ineficiencia de los servicios
públicos, entre otros múltiples aspectos en que el Gobierno
falla en forma
muy ostensible. En esta acción tendremos de nuestro lado a los
diablos del
chavismo que ya han empezado a soliviantarse.
Administrar
la victoria del 02/12 comprende éstas y muchas
otras iniciativas
inteligentes que deben ser objeto de un debate genuinamente participativo.
Vayamos, pues, adelante con las banderas y reglas de la democracia,
a
sustituir, una a una, las instituciones que dejaron de cumplir las
funciones
que les asigna la Constitución.