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La verdad es que la democracia y la libertad ya son un chiste en la Venezuela bolivariana. Desde varios frentes éstas han sido derribadas y masacradas con el apoyo de las instituciones del régimen.

Uno de los flancos que ha quedado más demolido en estos siete años de gobierno de Hugo Chávez ha sido la administración de justicia. Es evidente su secuestro y su sumisión al servicio de los intereses del proceso.

Esta semana se puso sobre el tapete un caso que sirve de pálida muestra de cómo se bate el cobre en la justicia bolivariana. De manera bizarra y peculiar, el Fiscal General de la República imputó a varios ciudadanos por la autoría intelectual en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, entre ellos a la periodista Patricia Poleo, el banquero Nelson Meserhane, el ex funcionario de la Disip, Salvador Romaní, el general Eugenio Añez Núñez, uno de los militares de la Plaza Altamira.

VenEconomía se pregunta qué busca el Fiscal General al liderar un caso que a todas luces está viciado de irregularidades e ilegalidades. ¿Por qué el Fiscal se empeña en aupar un caso donde los elementos probatorios no parecieran tener sustento alguno y donde el testigo principal muestra credenciales falsas y está vinculado con grupos delincuentes de un país vecino?

¿Será que las acusaciones del Fiscal se están utilizando para distraer la atención de temas de vital importancia para el futuro democrático y de libertad del país?
Por ejemplo, podría estarse usando para desviar la atención sobre las violaciones al derecho que todo pueblo tiene a elegir libremente y con transparencia a sus representantes en los poderes públicos. O quizás para tratar de ocultar cómo están cercando a los medios de comunicación y cómo se reprime la libertad de expresión y de empresa con las nuevas normativas de la Ley Mordaza.

¿O es que realmente esto no es un chiste de mal gusto? Y por el contrario, es la puesta en marcha de la arremetida final para concretar la amenaza de utilizar juicios viciados con el objeto de encarcelar a todo aquél que incomode al régimen.

Los precedentes existen. El caso del General Francisco Usón, el primer preso de opinión del régimen, es uno de ellos. Otro es el caso de los paramilitares, en el cual después de varios meses de un juicio totalmente viciado, se deja en libertad y sin cargo a un grupo de los acusados, mientras otros inexplicablemente permanecen en prisión y a su suerte.

¿Será que la función apenas comienza?

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía el 09 de noviembre del 2005. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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